El tema del costo de los derechos social es y económicos es algo de lo que casi no hablamos, y cuando lo hacemos lo despachamos con frases como “El estado no invierte” o “Lo que hace falta a este país es inversión social” Es que el tema visto desde los empíricos o desde los que no tenemos formación en derecho o economía parece realmente complicado.
Leyendo el libro de Clara López Obregón: Economía de los derechos, (Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 2005) es una buena oportunidad de aproximarnos a una realidad política que hace a un lado los derechos fundamentales de los colombianos. Es una crítica dura a la forma como el país soportó las limitaciones impuestas por la Constitución de 1886 donde “el orden político liberal concebía al Estado y a la Sociedad como dos sistemas antinómicos, regidos por principios antagónicos. Como quiera que se presumía que el orden social y económico se regulaba a sí mismo por medio de las leyes de la mano invisible del mercado, al Estado le correspondía una función abstencionista frente a los problemas económicos y sociales, a no ser para jugar un papel correctivo menos frente a algún desorden transitorio. Por lo tanto, debería limitar su acción a mantener las condiciones del orden público interno, la defensa de las fronteras y la administración de justicia, pero no interferir el orden espontáneo del devenir social”.
La Constitución de 1991 que llenó de expectativas ya que quedó consignada en ella las normas para hacer de Colombia un Estado Social de Derecho otorgándole a la Corte Constitucional autoridad para hacer cumplir la norma, de procurar que los intereses de las mayorías no sean socavados con revisión de la Constitución y en esto de verdad que ha tenido sus aciertos y desaciertos pero es una institución necesaria para hacer exigibles los derechos sociales fundamentales. En el libro la Doctora Clara López estudia el devenir de la Corte Constitucional desde dos puntos: como usurpadora o garantista. Como usurpadora señala: “Los críticos de la Corte Constitucional sostienen que se ha abrogado en sus sentencias las competencias del Congreso, del Presidente de la República y de la Junta Directiva del Banco de la República”. Es por esta razón que en un gobierno totalitarista como el de Uribe la Corte le resulte incómoda y quiera amordazarla, cuando no cerrarla. Como garantista señala: “El objetivo de las propuestas que se debaten para cercenarle la autonomía a la Corte Constitucional es nítido: regresar a la comodidad del pasado, acudiendo a las fórmulas ya ensayadas con éxito para la concepción restringida del derecho que caracterizó al Estado Liberal como son la cooptación, la designación controlada y vitalicia de magistrados y toma efectiva de decisiones por una élite ilustrada”. Esta forma de expresión del Estado Liberal fracasó no sólo en Colombia sino en el mundo entero, donde al impedir la aplicación y desembolso de los derechos sociales fundamentales desembocó en crisis violentas cuando el Estado se niega a suplirlos, como es el caso Colombia donde todos los derechos de los colombianos están vulnerados, y la brecha entre ricos y pobres es escandalosa y su reclamo se ha hecho violento y tiene sumido al país en un conflicto armado interno que ha socavado y decrecido la oportunidad de vida digna y denegado una Constitución en la que creímos y que hemos visto como el Congreso la ha despedazado de acuerdo a los intereses presidenciales de turno hasta dejarla vacía y huera.
El innegable conocimiento que la autora tiene de las dos disciplinas que explican el tema del reclamo de los derechos sociales y económicos le permiten hacer una pormenorizada aclaración de cómo todos los derechos son prestacionales y son una forma de justicia social toma una cita del libro de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein :El costo de los Derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos”, concluyen razonadamente que “Ningún derecho es sencillamente es derecho a ser dejado en paz. Todos los derechos son exigencias de una respuesta estatal afirmativa. Todos los derechos, descriptivamente hablando, corrresponden a prestaciones definidas y salvaguardadas por la ley...La financiación de los derechos básicos con recursos fiscales nos permite visualizar claramente que los derechos son bienes públicos: servicios sociales financiados por los contribuyentes y administrados por el Estado, diseñados para mejorar el bienestar individual y colectivo.
Otro tema medular que aborda el libro de López Obregón es el de cómo garantizar un ingreso mínimo a título de derecho, que junto a otros como el de la educación, es el que hace referencia a la solución del hambre, es decir la capacidad de cada miembro de la sociedad de disponer de recursos económicos para solucionar los gastos mínimos de su vida, es decir el derecho a no pasar hambre.
El libro hace un estudio comparativo del tema con Venezuela donde las características, la carencia, se presentan gemelas con Colombia. También hace una muestra de fallos positivos y negativos de la Corte y de tutelas que suponen grave detrimento al gasto público como ejemplo de que si existiera un equilibrio social esto no sucedería.
Clara López Obregón es una mujer con una claridad a toda prueba de que si el país no sale de su inequidad no saldrá de la violencia. Es una política que quiere cambiar las cosas, para que no sigan igual.
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